Aunque el Gobierno ha incrementado en casi el 90% el monto dirigido a la inversión pública, los gastos corrientes siguen consumiendo la mayor parte de los recursos fiscales.
En el segundo trimestre del año, 2.050,4 millones de dólares se destinaron al pago de sueldos, a la adquisición de bienes y servicios y al pago de intereses, mientras que 1.217,2 millones se dieron para la ejecución de los grandes de proyectos de infraestructura.
Esta sola cifra en inversión “refleja una mejora en el gasto de capital comparada con años anteriores”, dice un informe del Gobierno sobre el estado de la inversión. Y el Ministerio de Finanzas tendría razón, considerando que el total invertido en todo el 2007 fue de 1.128 millones de dólares.
Sin embargo, este positivo incremento también podría resultar riesgoso. Según el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, el financiamiento ha sido solventado, mayoritariamente, por ingresos petroleros y no por los tributos, que son ingresos permanentes.
“Cuando hablo de gasto responsable es que debe mantenerse hacia delante. Yo puedo financiar gastos con recursos que son extraordinarios, que son producto de la coyuntura, de la bonanza o de la suerte y que hoy día me permiten cubrir un momento de gasto público, pero eso no quiere decir que sea una actitud responsable”, dijo.
Y es que en las cuentas del Gobierno, en inversión también se están considerando los recursos provenientes de los ex fondos petroleros (Fondo de Ahorro y Contingencia -FAC- y Feiseh), que fueron destinados a obras específicas mediante la declaratoria de varios estados de emergencia en el país.
El objetivo del Gobierno -por el momento aún lejano- es terminar el año con un nivel de inversión pública cercana a los 4.000 millones: 1.000 millones de municipios y consejos provinciales, y 3.000 millones del resto de instituciones del Gobierno Central.
La previsión es que para el próximo año el gasto de capital se mantenga en niveles cercanos. La misma ministra de Finanzas, Wilma Salgado, defendió la ejecución de las grandes obras de infraestructura (como la planta de almacenamiento de gas en tierra o las centrales hidroeléctricas), cuyo financiamiento tendrá un impacto en los presupuestos generales del Estado en años subsiguientes.
Gastos que además tendrán que sumarse a los nuevos compromisos que el Estado asumiría con la nueva Constitución, si esta es aprobada el 28 de septiembre. “El proyecto de nueva Constitución crea enormes compromisos fiscales que van más allá de la realidad, son compromisos fiscales que se pudiesen entender en un país de ingresos económicos ilimitados”, opinó Walter Spurrier, durante una entrevista radial. (IGF)
Hay otros cambios positivos
Dos analistas concuerdan con la nueva estructura del presupuesto estatal. Según la Constitución, los gastos corrientes serán financiados con ingresos de la misma naturaleza, mientras que las rentas de capital irán al gasto de ese mismo tipo.
Gary Mosquera, analista económico, considera que este cambio es un avance progresista para las finanzas públicas, pues significa que los ingresos generados por recursos no renovables -como el petróleo- serán reinvertidos en áreas estratégicas para la economía del país.
Algo con lo que coincide Mauricio Ramírez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo (UEES). “Sin embargo, dice, aún no se conoce cuál será la estrategia para la producción en el año que viene. Senplades solo ha cumplido con el 41% de las metas que se propuso”, cuestiona el decano. (WMA)
>> DATOS
la deuda tiene mayor peso
Durante el año 2007 el Gobierno Central destinó 1.173,7 millones de dólares para el sector educación, frente a 1.088,5 millones de 2006, mientras que para el servicio
de la deuda externa se dieron $ 2.377,1 millones. Para el sector salud se entregaron $ 540,7 millones.
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