Redacción Política

Parece  inocentada, pero es verdad. La Comisión Legislativa y de Fiscalización  rectificó ayer la decisión de  la víspera de que el tratamiento del proyecto de ley urgente para la entrega mensual del fondo de reserva se suspendía por el receso del Pleno.

Ayer, la asambleísta Bety Amores, de Acuerdo País, candidata a la reelección y presidenta de la Comisión Legislativa de lo Laboral y Seguridad Social, sorprendió al informar que la propuesta de ley del presidente Rafael Correa continuaba su trámite normal. Esto, porque el plazo para discutirlo corre a pesar del receso.

Esa norma no establece que el trámite de un proyecto urgente se suspende por el receso del Pleno.

Esta disposición solo se aplica cuando un juez solicite al Legislativo la autorización para el enjuiciamiento penal de un asambleísta. El plazo de 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse ante ese pedido se suspende si el Pleno está en receso, según el art. 128 de la Carta Política.

Roldós dijo que la suspensión del trámite del proyecto obedecía a cálculos electorales, pues diferentes sectores, entre ellos el FUT, incluso el MPD, rechazan que el Gobierno pretenda aumentar el salario básico de los trabajadores con sus fondos de reserva.

¿Por qué el oficialismo cambia bruscamente de posición respecto de un tema de interés general? Roldós, con ironía, sostiene que esa actitud está supeditada  al  estado de ánimo del presidente Correa. “Primero  dice a sus asambleístas que suspendan el debate del proyecto, porque hay oposición de los trabajadores, y luego se da cuenta que ese procedimiento es inconstitucional y les ordena que retomen el tema”.

Sin embargo, el hecho de que continúe el análisis del proyecto no implica que sea aprobado antes del 26. Bety Amores dijo que hoy se reunirá con las cámaras de la Producción y gremios de los trabajadores  para tratar  el tema y que el informe para primer debate estará el  viernes. Ese trámite se daría la próxima semana y el segundo, luego de las elecciones.

El Legislativo tiene plazo hasta el 3 de mayo para aprobar, modificar o negar el proyecto.