Observatorio de la Política Fiscal

El Gobierno se muestra renuente a reducir el gasto público, argumentando que la inversión en el sector social es prioritaria y que, en caso de una crisis internacional, la salida será dejar de pagar la deuda externa o renegociar su pago.

Ambas afirmaciones son populistas y envían señales de un manejo desordenado de las finanzas públicas del Estado ecuatoriano.

No es coherente decir que se está priorizando el gasto en el sector social cuando el gasto corriente del sector público, que en el 2003 representaba el 19% de la producción del país, ahora llega al 36%. Y que los efectos del mayor gasto no se han sentido en el crecimiento de la economía.

Tampoco es coherente decir que se está pensando en los más pobres cuando los desembolsos por subsidios pueden llegar este año a los USD 6 000 millones. Y la mayoría va a quienes más consumen gasolina, gas, y diésel.

El Régimen no solo que ha mantenido los subsidios a los sectores más ricos, sino que los ha venido aumentando, pues vende los combustibles a un precio fijo y los compra a mayor valor en el mercado internacional.

Aunque es verdad que el Gobierno está invirtiendo más en obras de infraestructura, estas son viables mientras el precio del petróleo se ubique sobre los USD 85.

La crisis económica internacional que el mundo vivió la semana pasada puso de relieve la necesidad de contar con ahorros para usarlos si las cosas se complican.

Y para generar esos ahorros es importante controlar el gasto público, lo cual implica priorizar la inversión y reducir el gasto corriente. Caso contrario, el ajuste llegará por la paralización forzosa de la inversión pública.

El no pago de la deuda externa es una salida muy costosa, pues cierra una puerta de financiamiento que el Gobierno necesita para cubrir el déficit de USD 2 359 millones de la Pro forma del 2009.