Observatorio de la Política Fiscal

El acuerdo inicial, conseguido la semana pasada entre el Gobierno y las compañías Petrobras, Repsol y Andes Petroleum, apuntó a un objetivo básico: desactivar las demandas internacionales en contra del país.

Los 12 litigios que tiene Ecuador en los centros internacionales de arbitraje y en otras cortes amenazaban las finanzas públicas, pues el contingente superaba los USD 12 000 millones.

La Procuraduría del Estado presionaba al Ejecutivo para que solucione amigablemente esos conflictos, pues el costo para el Estado era muy alto y el recurso humano no se daba abasto para hacer un seguimiento de cada proceso.

El número y monto de las demandas, además, enviaban al exterior la imagen de un país poco atractivo para invertir, lo cual cuadraba con la caída del 36% de la inversión extranjera en el año pasado.

El Gobierno estaba presionado para conseguir un acuerdo y su estrategia funcionó. El acuerdo con la estadounidense City, logrado hace dos semanas, lo puso en una mejor posición para negociar con el resto de las empresas. City no solo retiró la demanda en el centro de arbitraje internacional (Ciadi), sino que aceptó la vigencia de la Ley 42, que era la base para el resto de demandas.

El Gobierno vendió el acuerdo como un triunfo, ya que los futuros conflictos con las petroleras se resolverán en Santiago de Chile y bajo un órgano de Naciones Unidas (Uncitral).

Aunque la sede para la solución de conflictos parezca más cercana, no es garantía de nada. Ecuador ha ganado y perdido en litigios bajo las reglas Uncitral. De ahí que las petroleras aceptaron ese punto, lo cual suavizó la posición del Régimen sobre el reparto del excedente petrolero. En consecuencia con este acuerdo, el Gobierno consiguió más soberanía y las compañías petroleras más dinero.