Observatorio de la Política Fiscal

Según la Constitución, en 2012, debe asignarse a educación el 5,5 % del PIB o $3 939 millones; en la proforma, excluidas las universidades, constan $2 758 millones; faltan $1 181 millones. A salud, debe destinarse el 3,7 % del PIB o $2 650 millones; en la proforma, constan $1 775 millones; faltan $875 millones. No obstante los acomodos de cifras para justificar números mayores en estos sectores, existe una gran distancia con el mandato constitucional. La misma en el futuro será cada vez mayor ante el aumento del PIB nominal y la imposibilidad de que las asignaciones crezcan en la misma magnitud, en un entorno de gasto total que representa más del 40% del PIB, el cual se muestra inflexible e insostenible. Es evidente que la letra de la Carta Magna no ofrece mágicas soluciones.

De otra parte, nuestra criolla realidad muestra con crudeza que, a pesar de los importantes aumentos de recursos para educación y salud, existe una gigante brecha entre las reales posibilidades y las ilimitadas necesidades. La sana intención, que no tiene ideología y es obligación del Estado, de dotar a los pobres de una buena educación y salud, ha desnudado las ineficiencias estatales y el imperativo de delinear una política de largo plazo que asocie el crecimiento de la economía con la progresiva asignación de recursos, en el contexto de un programa fiscal sólido que torne sostenibles las asignaciones a los sectores sociales.

Si la producción del Ecuador fuese como la de Finlandia, $44 mil al año por persona, la educación tendría $34 000 millones y la salud, $23 000 millones. Si el Ecuador produjese como Chile, $12 mil al año por habitante, para educación habría $10 000 millones y para salud, 6 000 millones. La pobreza solo se supera con producción, realidad inocultable con publicidad y retórica.

Hora GMT: 21/Noviembre/2011 - 05:12