Observatorio de la Política Fiscal

El artículo 292 de la Constitución manda que el Presupuesto General del Estado incluya todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de la seguridad social, banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 296 de la misma, obliga a la Función Ejecutiva a presentar cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria. La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal dispone el libre acceso a la información presupuestaria y concede acción pública para denunciar sus violaciones. Dispone, además, que el Ministerio de Finanzas establezca un sistema oficial de información y amplia difusión para el control de la ciudadanía.

Sin rubor se incumplen las obligaciones constitucionales y legales. El presupuesto de 2010 aprobado por la Asamblea, reflejó la consolidación del gobierno central y las entidades autónomas.

Sin embargo, no existe información mensual de su ejecución consolidada. La pobre y escasa existente en la página web, muestra por separado ambos ámbitos solo en el campo de los egresos, los cuales se limitan a rubros corrientes y de capital; los objetos de gasto como sueldos, servicios, transferencias, etc., quedan a la imaginación del maltratado ciudadano.

De los ingresos presupuestarios es nula la información, así como de las transferencias del Tesoro Público y sus destinatarios públicos o privados. Tampoco se conoce cada mes, el déficit o superávit y su financiamiento o utilización. Se podría citar un amplio espectro de las carencias de información.

La transparencia sin restricciones de las cuentas públicas, que permita medir la eficiencia y honestidad de la gestión fiscal, es obligación intrínseca de los gobiernos.

Exigirla, es un derecho de cada ciudadano, consubstancial a la entrega al Estado de los tributos producto de su trabajo y del petróleo propiedad de todos. Una institucionalidad fiscal diáfana es connatural al progreso del país.