Observatorio de la Política Fiscal

Jaime Carrera

En la década pasada Chile perfeccionó de modo continuo su institucionalidad fiscal. En 2001 implementó la regla de balance estructural. Esta le obligó a adecuar el gasto fiscal anual a los ingresos estructurales, a fin de aislar el aumento del gasto público de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, del precio del cobre y de otros factores que determinan los ingresos fiscales efectivos. Política que le permitió ahorrar en períodos de bonanza y evitar ajustes drásticos del gasto en tiempos de escasez.

De este modo, la regla fiscal estabilizó el gasto público.

Esta política fue complementada en 2006 con el establecimiento de los Fondos Soberanos que le permitieron ahorrar importantes recursos, fundamentales para superar airosos los tiempos de crisis.

Ecuador, a inicios de los años 2000 aprobó una Ley de Responsabilidad Fiscal con ciertas reglas para limitar el crecimiento del gasto y la deuda pública y obligar a la transparencia y rendición de cuentas. Luego se creó un fondo de ahorro petrolero y otro para inversiones en petróleo y electricidad.

Más tarde, la borrachera petrolera obnubiló el sentido común, las reglas fiscales y los fondos petroleros se sepultaron con un negro epitafio. Todo, en nombre de la redención de los pobres.

El gasto creció al ritmo de la desproporcionada renta petrolera, hoy, ante su reducción aún a altos niveles, el gasto no puede sostenerse y amenaza con quebrar las espaldas de personas y empresas. Mientras Chile sonríe a un futuro de oportunidades, Ecuador tendrá que enfrentar las dolorosas consecuencias de las sinrazones fiscales.

Costosos retrocesos que agigantan las brechas con los que progresan, perennizan la pobreza y limitan las esperanzas de los pobres a apreciar como conquista, una precaria sobrevivencia enarbolada como medida de bienestar de las mayorías.