Análisis
Jaime Carrera
En las dos décadas siguientes al "boom" petrolero de los años 70, los gobiernos tuvieron grandes dificultades para conseguir recursos a fin de emprender grandes obras en los sectores petrolero y eléctrico, aeropuertos, vías, etc. Obtener $200 millones del FMI en cuotas trimestrales en uno o dos años, significaba mantener responsabilidades económicas y fiscales. Cuando para tales fines se pretendía alguna facilidad petrolera, endeudamiento, impuestos o reducción de subsidios, la virulenta oposición de ciertos sectores abortaba los intentos. La falta de consensos postergó la construcción de infraestructuras.
Luego de la crisis, entre 2000-2006, como consecuencia de la estabilidad producto de la dolarización se alentó cierta confianza para invertir. Gracias a acertadas decisiones políticas se construyó el Oleoducto de Crudos Privados (OCP). El aumento de la producción de petróleo derivado de esta obra y mayores precios, permitieron conformar ciertos fondos de ahorro que acumularon más de $1 300 millones a diciembre de 2006.
En el presupuesto de 2008 se incluyeron $1 800 millones de tales fondos, de los cuáles $1 000 millones eran para proyectos petroleros e hidroeléctricos. Todo se consumió y las obras no aparecen. En 2009 el FMI regaló $400 millones, el FLAR prestó $480 millones, se pidió a Petrochina $1 000 millones que se pagan con petróleo, se usó más de $500 millones de la revalorización del oro. Esto suma $4 180 millones que se gastaron.
Hoy, no se hallan $1 800 millones para el proyecto Coca Codo, el IESS prestará $165 millones para el campo petrolero Pañacocha y $340 millones para proyectos termoeléctricos. El aeropuerto de Quito cuesta cerca de $500 millones. Se usan las reservas por $850 millones para créditos. Todo esto, que suma $3 655 millones y mucho más pudo hacerse con los $4 180 millones gastados. ¿Progresará el Ecuador de esta forma? Cabe ya el juicio de la historia.