Observatorio de la Política Fiscal

Análisis

Jaime Carrera
Director del Observatorio de la Política Fiscal

De la revisión de las inversiones del presupuesto de 2010 se encuentran proyectos como desarrollo infantil ($131 millones), implementación de un cuadro de mando integral ($40 millones), apoyo a la consolidación de Unasur ($32 millones), educación básica para jóvenes y adultos ($184 millones), reducción de contaminación ambiental, chatarrización y otros ($90 millones), fortalecimiento de la gestión del Ejecutivo en Manabí ($14 millones), textos escolares ($18 millones), inclusión laboral para discapacidades ($42 millones), desarrollo estratégico de la sociedad de propietarios del Ecuador ($45 millones).

El primer párrafo sembrará algunas inquietudes, pero hay más.

Desarrollo de contenidos de la política de probidad, eficiencia y justicia ($8 millones), apoyo al sistema económico solidario y sostenible ($7 millones), censo de población y vivienda ($25 millones), sistema nacional de enlace ciudadano ($3 millones), normativas técnicas de ciudades patrimoniales ($42 millones), actividades recreativas para grupos vulnerables ($13 millones), institucionalización de los índices de la construcción ($48 millones), repatriación de cadáveres ($3 millones), programa de intervención territorial integral ($38 millones).

Es una muestra de una larga lista cuyo total es de $3 986 millones. No constan los grandes proyectos ni los recursos para los GAD. Existen importantes rubros que son gastos corrientes, además de los que no pueden sostenerse. Si el Estado contrae deudas para estos fines, violaría la Constitución y la Ley.

Ciertos gastos reflejan irresponsabilidad en el uso de los fondos públicos. La revisión de las "inversiones" nos traslada a un doloroso peregrinar por proyectos de poca significación que denotan despilfarro fiscal. Quienes gobiernan el Estado tienen la obligación de hacer públicas las inversiones y rendir cuentas de las mismas. El ciudadano tiene el derecho a ser informado sobre el uso de su dinero.